El Gobierno de Puerto Rico deberá pagar de forma inmediata facturas atrasadas que debe su Departamento de Salud a las empresas encargadas de atender a las personas con discapacidad mental, dictaminó este viernes el juez federal estadounidense Gustavo Gelpi, informa Associated Press.
Según el juez, su sentencia parece ser la única manera de proteger los derechos de una población con necesidades especiales en medio de un panorama de crisis económica que está empeorando. "De lo contrario, el efecto para estas personas serán devastadores e irreparables", apunta Gelpi en la orden judicial.