Mientras por primera
vez García Padilla parece dar un paso en una dirección que se ha resistido, la
renegociación de la deuda, los acreedores insisten en que el gobierno boricua
está en capacidad de pagar, imponiendo mayores sacrificios a la población.
PL- ANSUR - Reconoció
que esta es la realidad a la que se enfrenta el país, ante el inevitable impago
de 94 millones de dólares a los acreedores de la Corporación para el
Financiamiento Público, ya que requiere una autorización de la Asamblea
Legislativa actualmente en receso.
La deuda de más de 70
mil millones de dólares de esta nación del Caribe de 3,5 millones de habitantes
es la tercera más grandes en Estados Unidos, que la tiene bajo su dominación
colonial, después de las de California y Nueva York.
Los bonistas,
amparados en informes del Fondo Monetario Internacional (FMI) se aferran a que
Puerto Rico, al borde de la bancarrota por la insuficiencia fiscal y un
crecimiento económico negativo en los últimos ocho años, establezca mayores
gravámenes a la población y despida empleados públicos.
García Padilla ha
recordado que cada dólar prestado al país más allá de sus posibilidades,
incluso en violación al límite constitucional, fue porque hubo alguien que
conociendo esas circunstancias estuvo dispuesto a hacerlo, por lo que también
debe asumir su responsabilidad, en referencia a los bonistas.
El ministro de
Gobernación, Víctor Suárez, explicó a los periodistas que el grupo de
inversionistas de fondos "buitres" y de cobertura presentó un informe
para resolver la crisis fiscal y económica del país con la imposición de dos
mil millones de dólares en recortes al gasto público.
Además, el
establecimiento de mil millones en gravámenes a los ciudadanos, que han visto
en las últimas semanas incrementarse el Impuesto sobre el Valor y Uso (IVU) de
7,0 a 11,5 por ciento.
Expuso que hacer esto
equivale a la pérdida de 27 mil puestos en educación, la reducción en 15 mil la
plantilla de la policía y de mil 200 bomberos, a lo que no está dispuesto el
mandatario García Padilla.
La propuesta del grupo
ad hoc de los bonistas que intenta forzar una decisión a su favor, también se
encuentra la reducción del presupuesto de la estatal Universidad de Puerto Rico
(UPR) y afectar a 1,6 millones de beneficiarios del plan de salubridad pública.
"El principal
objetivo de grupo ad hoc es defender sus intereses particulares", expuso
Suárez a los periodistas en La Fortaleza, casa de gobierno.
El documento propuesto
por los acreedores, explicó el ministro, tienen "varias
coincidencias" con el informe comisionado por el gobierno puertorriqueño a
la economista Anne Krueger, exfuncionaria del Fondo Monetario Internacional
(FMI), que implica mayores gravámenes y despido de empleados para reducir el
déficit fiscal.
"La solución que
plantean es que tomemos más prestamos a los intereses que ellos han establecido
de doble dígito, que continuemos la estrategia que nos ha llevado hasta aquí de
financiar los déficits con prestamos sin fuente de repago", manifestó
Suárez.
En cambio, el gobierno
propone una renegociación de la deuda, que puede implicar incluso recomprar
bonos al precio actual, y crecimiento económico mediante la inversión de lo
ahorrado para proteger los intereses de los puertorriqueños.
El ministro de la
Gobernación manifestó, haciendo eco a las expresiones del mandatario García
Padilla, que ya el pueblo ha aportado, por lo que el sacrificio también
corresponde los acreedores.
