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Envuelto en la polémica, multitud de expertos apuntan a que el tratado supone
una gran amenaza para la salud y el bienestar de miles de millones de personas
en todo el mundo.
Países miembros
El Acuerdo
Transpacífico de Cooperación Económica esta siendo negociado entre EE.UU.,
Australia, Nueva Zelanda, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Perú,
Singapur y Vietnam.
¿Qué es el TPP y qué
implica?
El TPP constituye el
mayor acuerdo comercial regional de la historia, que englobaría a un 40% de la
economía mundial bajo un nuevo marco normativo para el comercio y se está
negociando a puerta cerrada.
De acuerdo con los
documentos filtrados, los 12 países ribeños del Pacífico están tratando de
eliminar todas las barreras al comercio, incluidas las leyes que garantizan la
seguridad alimentaria, la protección de la agricultura y la privacidad de la
información de los ciudadanos.
Además, a pesar de
denominarse tratado de libre comercio, no solo abarca temas comerciales, sino
también aspectos sobre la libertad de Internet, los derechos de autor, la
protección de patentes o la salud.
De esta forma, el
acuerdo podría exigir a los países miembros adoptar normas laborales y
ambientales más estrictas, limitaría la libertad de acceso a Internet,
obligaría a los proveedores a suprimir contenidos a instancias de los
propietarios de los derechos de autor, proporcionaría protecciones legales más
fuertes a las compañías farmacéuticas y otorgaría a los inversores extranjeros
una nueva forma de desafiar las leyes y las regulaciones nacionales, entre
otros.
¿Qué amenazas supone
este acuerdo secreto?
Numerosos expertos no
dejan de advertir de las graves consecuencias económicas, políticas y sociales
que podría acarrear la aprobación de este acuerdo al afectar a la libertad de
expresión de los ciudadanos y al derecho de naciones soberanas a desarrollar
políticas y leyes que respondan a sus prioridades nacionales.
Un documento
descubierto recientemente por WikiLeaks reveló que el acuerdo no parece
entrañar nada bueno. De forma concreta, esta señala que el TPP fue diseñado
para favorecer a las grandes corporaciones transnacionales y además permitiría
a las mismas demandar a los gobiernos y solicitar millonarias indemnizaciones a
cuenta de los contribuyentes.
Además, a diferencia
de lo prometido por la Administración Obama, el acuerdo refuerza y amplía el
sistema legal de solución de controversias inversor–Estado (ISDS, por sus
siglas en inglés) y eleva a las empresas de capital extranjero a la misma
categoría que los gobiernos soberanos. A tenor de esto, la senadora
estadounidense Elizabeth Warren sostiene que "si la versión final del
acuerdo sobre el TPP incluye al ISDS, los únicos ganadores serán las
corporaciones multinacionales".
Según Lori Wallach,
una de los líderes del grupo estadounidense Public Citizen para la defensa del
derecho del consumidor, otro punto preocupante del tratado es la creación de un
tribunal secreto en el que las empresas podrán demandar a los gobiernos ante
paneles de arbitraje secretos integrados por abogados corporativos que evitan
los tribunales nacionales y anulan la voluntad de los parlamentos en caso de no
conseguir lo que quieren. Según la activista, esta medida destruirá por
completo la legislación y pondrá en peligro los derechos fundamentales que
habitualmente proporcionan los Estados democráticos.
¿Cuál es el estado
actual del acuerdo?
El 5 de octubre de
2015, EE.UU. y los otros 11 países ribereños del Pacífico llegaron finalmente a
un acuerdo sobre el TPP. Es posible que el texto del acuerdo, que se ha estado
negociando desde hace casi ocho años, tarde un mes en estar disponible.
Entre los últimos
puntos de desacuerdo se encontraban las protecciones comerciales para los
medicamentos avanzados de los fabricantes, la voluntad de tener unos mercados
más abiertos para los productos lácteos y el azúcar, así como una lenta
eliminación de los impuestos de los automóviles japoneses vendidos en EE.UU.
Tras meses de
acalorados debates en las cámaras del Congreso de EE.UU., el pasado 24 de junio
el Senado estadounidense aprobó la ley que otorga al mandatario Barack Obama el
derecho a acelerar las negociaciones sobre los pactos de comercio libre, entre
ellos, el TPP. Así, esta 'vía rápida' obliga a los congresistas de EE.UU. a
aprobar las leyes propuestas por el presidente sin la posibilidad de introducir
cambios.
