El próximo jueves
(13), el Supremo Tribunal Federal (STF) debe juzgar una demanda para impugnar
la constitucionalidad de la prohibición.
Según expertos en
seguridad pública, derechos humanos y drogas, el STF tiene la oportunidad de
dar un paso importante para posibilitar a los drogadictos el acceso a la
atención médica, además de poner fin a la estigmatización del usuario como un
criminal.
Agência Brasil - ANSUR
- Isabela Vieira y Vitor Abdala.- La coordinadora del Grupo de Investigaciones
en Políticas sobre Drogas de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ),
Luciana Boiteux, recuerda que la ley de drogas mantuvo la tenencia como un
delito pero no estableció la pena de prisión, lo que ella considera un avance.
“Consideramos que la prohibición es inconstitucional según los principios de la
libertad, de la privacidad”, explicó.
Pedro Abramovay,
director para América Latina de la Fundación Open Society, una organización no
gubernamental que defiende los derechos humanos y la gobernanza democrática,
dice que no hubo aumento del consumo en ningún país donde la posesión de drogas
fue flexibilizada.
“En todos los países
que han despenalizado el consumo, que consideraron que la tenencia para consumo
personal ya no es crimen, el consumo no creció. Así que este miedo que tiene la
gente, de haber un aumento, es infundado según datos de la realidad”, señala.
Él cree que la medida
puede hacer que dependientes tengan fácil acceso a servicios de salud. “Hoy en
día, un médico que trata a una persona que usa crack, trata con un criminal, lo
que involucra a la policía y hace que el abordaje sea cada vez más difícil”,
dijo Abramovay, ex secretario nacional de Justicia.
El traficante y el
usuario
Con la decisión del
STF, puede no más ser una tarea de la policía o del poder Judicial la
diferenciación entre quien es traficante y quien es usuario, que ha generado
críticas por la discriminación y la violación de derechos humanos en las
cárceles. La actual ley de 2006 no define, como en otros países, las cantidades
específicas de tenencia en cada caso, y atribuye al juez la decisión, que debe
basarse en flagrantes y en “circunstancias sociales y personales”. “En otras
palabras: el pobre es siempre traficante, y el rico es siempre usuario”,
critica Abramovay.
Según Abramovay, el
STF debe recomendar, en la sentencia, que se establezcan criterios para la
caracterización de los usuarios. “El Supremo puede decir que, para garantizar
que se respete la Constitución, sin discriminación, se necesitan criterios.
Este no es un tema menor. La falta de definición lleva a la encarcelación.
Estamos hablando de uno de cada tres arrestados en el país”, dijo.
En un evento en Río de
Janeiro la semana pasada, el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo,
reconoció que las “lagunas legales” para diferenciar traficantes y usuarios
alimentan el ciclo de violencia y hacinan las prisiones. De acuerdo con
Cardozo, el tráfico es el segundo tipo de delito que más pone a personas tras
las rejas, superado solo por los delitos contra el patrimonio. En el caso de
las mujeres, el tráfico aparece primero en la lista.
“Muchos usuarios, que
deberían recibir atención de salud, entran en las cárceles en contacto con
organizaciones criminales. Es decir, entran como usuarios y salen como miembros
del tráfico", lamentó el ministro.
El otro lado
El diputado federal
Osmar Terra, en contra de la despenalización de la tenencia de drogas para
consumo personal, considera que la medida es el primer paso hacia la
legalización de las drogas, lo que, según él, sería malo para la sociedad.
“Si el uso deja de ser
un crimen, la gente llevará drogas a voluntad. Llevarán a la escuela, a la
plaza, distribuirán a los amigos. ¿Y cómo puede no ser un delito comprar, pero
serlo vender? ¿Cómo resolver esa paradoja? Eso al final legalizará la venta.”
Terra no está de
acuerdo con la tesis de que el consumo de drogas es una libertad del individuo,
que solo afectaría a él. “La adicción es una enfermedad incurable. Uno la lleva
por el resto de la vida. Eso puede reducir su capacidad de trabajo y de cuidar
la familia”. El diputado señala que a menudo el usuario sobrecarga la familia
porque la mayoría son desempleados, y concluye: “La libertad de que uno utilice
drogas es la esclavitud de su familia”.
Terra también
relaciona el uso de drogas, legales e ilegales, al aumento de la violencia en
el país. “¿Cuál es la principal causa de la violencia doméstica? Es el alcohol,
porque es una droga legal. No es un crimen comprar alcohol. La violencia
doméstica aumentará en gran medida debido a la circulación de las drogas
ilícitas”, dice.
La opinión es
compartida por el empresario Luiz Fernando Oderich, quien fundó la ONG Brasil
Sem Grades (“Brasil Sin Rejas”), que pide más seguridad y defiende leyes más
duras para combatir la violencia. Su hijo Max fue asesinado hace 13 años
durante un intento de robo.
Según Luiz Fernando,
el usuario no debe ser tratado como un criminal, pero a menudo se involucra en
otros crímenes a causa del consumo de drogas. “Hay una relación entre un
comportamiento no social y el uso de drogas”, sostiene el empresario.
El psiquiatra Osvaldo
Saide, miembro de la Asociación Brasileña de Alcoholismo y Drogas (Abrad), dice
que el ideal no es tratar al usuario como un criminal, sino referirlo para
recibir tratamiento. Sin embargo, dijo, es necesario que la legislación establezca
claramente qué hacer en casos de personas que cometen delitos bajo la
influencia de drogas y en casos de venta de drogas por usuarios para financiar
su propia adicción. Saide cree que sería necesario crear alternativas al
usuario, como recibir la pena por el otro delito cometido o someterse a
tratamiento obligatorio.
“La dependencia
química conduce a una falta de noción respecto a la gravedad del problema en
sí. A veces, una persona que tiene una profesión queda inmersa, por ejemplo, en
el crack”, dijo.
La presidenta de la
Asociación Brasileña de Estudios sobre el Alcohol y otras Drogas (Abead), la
psiquiatra Ana Cecília Marques, cree que la despenalización del consumo debe
ser discutida por la sociedad, no por un juicio del Supremo Tribunal Federal.
“Es necesario que haya
una ley que defina claramente los casos específicos, como los de un usuario
ocasional o de una adicción. Estoy a favor de la despenalización, pero creo que
debe haber todo ese rigor, que es algo que no existe en nuestras leyes de drogas.
Ellas no están claras, dejan varias lagunas. Y el país carece de políticas
sobre drogas. Estoy a favor, pero temo por ese proceso de despenalización”,
dijo.
