El gerente de la Red
de Salud de la región Junín, Martín Álvaro, confirmó al Canal N de televisión
que al hospital de La Oroya fue trasladada una persona ya fallecida en el
enfrentamiento de ayer, martes, entre mineros y fuerzas policiales, a la que
identificó como Edward Soto de la Cruz, de 41 años.
"Ha ingresado un
cadáver, aparentemente por herida de bala en el pecho, pero será el Ministerio
Público el que dará el informe de necropsia de ley", indicó. La agencia
dpa indica que el hombre fallecido era un un pasajero ajeno a las protestas que,
ante el bloqueo de la vía, se bajó del autobús para seguir el camino a pie y en
el trayecto fue impactado en el pecho por una bala perdida.
Manifestantes bloquearon la Carretera Central

El director general de
la Policía Nacional, Jorge Flores, declaró posteriormente a los periodistas que
"la actuación de la Policía está dentro del marco de los protocolos"
y afirmó que están verificando la información sobre las causas de la muerte.
"Ha aparecido esta persona (muerta) en un centro de salud, es Inspectoría
la que está verificando", indicó. Flores remarcó, sin embargo, que las
autoridades no pueden permitir "que la principal vía de acceso a Lima, que
es la Carretera Central, esté bloqueada".
Los enfrentamientos en
La Oroya, a unos 185 kilómetros de Lima, se dieron cuando la Policía intentó
desbloquear la Carretera Central, que fue cortada durante el inicio de una
paralización indefinida. La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas,
Carga y Mercancías (Sutran) señaló que el tránsito se mantiene suspendido en el
kilómetro 176 de la Carretera Central para vehículos particulares y de
transporte de personas, carga y mercancías.
Mineros exigen decreto de urgencia para protección
laboral

Doe Run, empresa del
magnate norteamericano Ira Rennert, paralizó sus operaciones en 2009 aduciendo
no tener suficientes recursos y mientras era acusada por las autoridades
peruanas de incumplir con sus compromisos ambientales. En abril de 2012, la
minera fue declarada por sus acreedores en proceso de "liquidación en
marcha", ante la imposibilidad de aprobar el plan de reestructuración que
presentó para volver a operar en el complejo metalúrgico de La Oroya.
La Corte Superior de
Justicia de Lima determinó en agosto del año pasado que la empresa debía pagar
al Estado peruano 163 millones de dólares por no haber construido una planta de
ácido sulfúrico y el circuito de cobre en el complejo metalúrgico de La Oroya.
CP (efe, dpa)