martes, agosto 11, 2015

Brasil puede despenalizar la tenencia de drogas

El próximo jueves (13), el Supremo Tribunal Federal (STF) debe juzgar una demanda para impugnar la constitucionalidad de la prohibición.

Según expertos en seguridad pública, derechos humanos y drogas, el STF tiene la oportunidad de dar un paso importante para posibilitar a los drogadictos el acceso a la atención médica, además de poner fin a la estigmatización del usuario como un criminal.

Agência Brasil - ANSUR - Isabela Vieira y Vitor Abdala.- La coordinadora del Grupo de Investigaciones en Políticas sobre Drogas de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), Luciana Boiteux, recuerda que la ley de drogas mantuvo la tenencia como un delito pero no estableció la pena de prisión, lo que ella considera un avance. “Consideramos que la prohibición es inconstitucional según los principios de la libertad, de la privacidad”, explicó.

Pedro Abramovay, director para América Latina de la Fundación Open Society, una organización no gubernamental que defiende los derechos humanos y la gobernanza democrática, dice que no hubo aumento del consumo en ningún país donde la posesión de drogas fue flexibilizada.

“En todos los países que han despenalizado el consumo, que consideraron que la tenencia para consumo personal ya no es crimen, el consumo no creció. Así que este miedo que tiene la gente, de haber un aumento, es infundado según datos de la realidad”, señala.

Él cree que la medida puede hacer que dependientes tengan fácil acceso a servicios de salud. “Hoy en día, un médico que trata a una persona que usa crack, trata con un criminal, lo que involucra a la policía y hace que el abordaje sea cada vez más difícil”, dijo Abramovay, ex secretario nacional de Justicia. 

El traficante y el usuario
  
Con la decisión del STF, puede no más ser una tarea de la policía o del poder Judicial la diferenciación entre quien es traficante y quien es usuario, que ha generado críticas por la discriminación y la violación de derechos humanos en las cárceles. La actual ley de 2006 no define, como en otros países, las cantidades específicas de tenencia en cada caso, y atribuye al juez la decisión, que debe basarse en flagrantes y en “circunstancias sociales y personales”. “En otras palabras: el pobre es siempre traficante, y el rico es siempre usuario”, critica Abramovay.

Según Abramovay, el STF debe recomendar, en la sentencia, que se establezcan criterios para la caracterización de los usuarios. “El Supremo puede decir que, para garantizar que se respete la Constitución, sin discriminación, se necesitan criterios. Este no es un tema menor. La falta de definición lleva a la encarcelación. Estamos hablando de uno de cada tres arrestados en el país”, dijo.

En un evento en Río de Janeiro la semana pasada, el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, reconoció que las “lagunas legales” para diferenciar traficantes y usuarios alimentan el ciclo de violencia y hacinan las prisiones. De acuerdo con Cardozo, el tráfico es el segundo tipo de delito que más pone a personas tras las rejas, superado solo por los delitos contra el patrimonio. En el caso de las mujeres, el tráfico aparece primero en la lista.

“Muchos usuarios, que deberían recibir atención de salud, entran en las cárceles en contacto con organizaciones criminales. Es decir, entran como usuarios y salen como miembros del tráfico", lamentó el ministro.
  
El otro lado
  
El diputado federal Osmar Terra, en contra de la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal, considera que la medida es el primer paso hacia la legalización de las drogas, lo que, según él, sería malo para la sociedad.

“Si el uso deja de ser un crimen, la gente llevará drogas a voluntad. Llevarán a la escuela, a la plaza, distribuirán a los amigos. ¿Y cómo puede no ser un delito comprar, pero serlo vender? ¿Cómo resolver esa paradoja? Eso al final legalizará la venta.”

Terra no está de acuerdo con la tesis de que el consumo de drogas es una libertad del individuo, que solo afectaría a él. “La adicción es una enfermedad incurable. Uno la lleva por el resto de la vida. Eso puede reducir su capacidad de trabajo y de cuidar la familia”. El diputado señala que a menudo el usuario sobrecarga la familia porque la mayoría son desempleados, y concluye: “La libertad de que uno utilice drogas es la esclavitud de su familia”.

Terra también relaciona el uso de drogas, legales e ilegales, al aumento de la violencia en el país. “¿Cuál es la principal causa de la violencia doméstica? Es el alcohol, porque es una droga legal. No es un crimen comprar alcohol. La violencia doméstica aumentará en gran medida debido a la circulación de las drogas ilícitas”, dice.

La opinión es compartida por el empresario Luiz Fernando Oderich, quien fundó la ONG Brasil Sem Grades (“Brasil Sin Rejas”), que pide más seguridad y defiende leyes más duras para combatir la violencia. Su hijo Max fue asesinado hace 13 años durante un intento de robo.

Según Luiz Fernando, el usuario no debe ser tratado como un criminal, pero a menudo se involucra en otros crímenes a causa del consumo de drogas. “Hay una relación entre un comportamiento no social y el uso de drogas”, sostiene el empresario.

El psiquiatra Osvaldo Saide, miembro de la Asociación Brasileña de Alcoholismo y Drogas (Abrad), dice que el ideal no es tratar al usuario como un criminal, sino referirlo para recibir tratamiento. Sin embargo, dijo, es necesario que la legislación establezca claramente qué hacer en casos de personas que cometen delitos bajo la influencia de drogas y en casos de venta de drogas por usuarios para financiar su propia adicción. Saide cree que sería necesario crear alternativas al usuario, como recibir la pena por el otro delito cometido o someterse a tratamiento obligatorio.

“La dependencia química conduce a una falta de noción respecto a la gravedad del problema en sí. A veces, una persona que tiene una profesión queda inmersa, por ejemplo, en el crack”, dijo.

La presidenta de la Asociación Brasileña de Estudios sobre el Alcohol y otras Drogas (Abead), la psiquiatra Ana Cecília Marques, cree que la despenalización del consumo debe ser discutida por la sociedad, no por un juicio del Supremo Tribunal Federal.

“Es necesario que haya una ley que defina claramente los casos específicos, como los de un usuario ocasional o de una adicción. Estoy a favor de la despenalización, pero creo que debe haber todo ese rigor, que es algo que no existe en nuestras leyes de drogas. Ellas no están claras, dejan varias lagunas. Y el país carece de políticas sobre drogas. Estoy a favor, pero temo por ese proceso de despenalización”, dijo.

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