El clamor ciudadano
contra la corrupción en Guatemala tuvo como detonante una trama de corrupción
revelada en marzo pasado conocida como “La Línea“. Aludía a un número
telefónico que marcaban importadores que, mediante un soborno, eran ayudados
por agentes aduaneros de la Superintendencia de Administración Tributaria
(SAT), a pagar menos impuestos.
Autor: Eva Usi (ER) -
Tenía como cabecilla al entonces secretario privado de la vicepresidenta del
país, Juan Carlos Monzón, que sigue prófugo de la Justicia. La vicepresidenta
Roxana Baldetti renunció. Las autoridades estadounidenses la sancionaron retirándole
la visa a ella y a su marido y le fueron congeladas cuentas bancarias en
Estados Unidos. Tanto ella como el presidente Otto Pérez Molina se encuentran
bajo sospecha de enriquecimiento ilícito y corrupción.
El Congreso de
Guatemala anunció que levantaría la inmunidad al presidente. “Así lo han
anunciado varias bancadas públicamente, porque ya hay un veredicto favorable.
Eso significa que el presidente se deberá someter a una investigación“, afirma
en conversación con DW el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad
en Guatemala (CICIG), el ex magistrado colombiano Iván Velázquez.
Velásquez, que asumió
el liderazgo de la comisión de la ONU en 2013, es reconocido en Colombia por
haber sido investigador de la parapolítica, un proceso que surgió en el país para investigar vínculos de políticos con las llamadas autodefensas
unidas, grupo armado al margen de la ley.
Nueva ola de detenciones
Las protestas y la
indignación ciudadana contra la corrupción en Guatemala han ido de la mano de
las investigaciones conducidas por Velázquez; al frente de la CICIG; y la
Fiscal General, Thelma Aldana. La semana pasada anunciaron la detención de
Gustavo Martínez, yerno del presidente Otto Pérez Molina, que ocupó el cargo de
secretario general de la presidencia y es acusado de asociación ilícita y
tráfico de influencias. Al igual que Juan Carlos Monzón, era el centro de una
red que intercambiaba favores con empresas a través del Ministerio de Energía y
Minas y de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
El escándalo más
reciente, conocido como "redes"; implica a seis detenidos y salpica
al gobernante, pues “Martínez acomodaba la agenda de Pérez Molina para que se
concretaran las reuniones entre el presidente y las empresas que necesitaban
resolver algún problema“, según anunció el mismo Iván Velázquez en conferencia
de prensa. La detención de Martínez se suma a la de Juan de Dios Rodríguez, ex
secretario privado del presidente de Guatemala y presidente de la Junta
Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
En mayo pasado, Pérez
Molina se vio obligado a cesar a una serie de ministros y otros altos
funcionarios de su gobierno, entre ellos al ministro de Gobernación, Mauricio
López Bonilla, uno de sus más cercanos colaboradores. Se trata de la mayor
oleada de escándalos de corrupción en la historia del país centroamericano, que
ha sacudido al círculo de confianza del mandatario a pocos meses de las
elecciones.
Crisis profunda
Según el politólogo
José Carlos Sanabria, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales
(ASIES), Guatemala está despertando. “Es una de las crisis más fuertes que
hemos vivido en los últimos 30 años, que ocurre en medio de un proceso
electoral. El sistema está crujiendo, y aunque son muchos más los que debieran
irse, es una crisis profunda que va a tener resultados en reformas a leyes
importantes en el combate a la corrupción y la impunidad“.
La sociedad civil
guatemalteca tiene ahora puestos los ojos en la implementación de reformas a la
Ley Electoral y de Partidos Políticos, donde se contemplan controles más
estrictos al financiamiento privado de partidos políticos, así como la
reelección de diputados y alcaldes.
“Muchos de los vicios
del sistema inician en el sistema de partidos políticos, en la forma en la que
es manejado el sistema electoral. La reforma evita la venta de candidaturas a
puestos de elección, una práctica común que contribuye a la corrupción. En el
momento en que se venden las candidaturas los funcionarios electos una vez en
funciones van a tratar de recuperar el dinero invertido“, afirma José Carlos
Sanabria. El investigador señala que hay una gran incertidumbre en el país,
pero las demandas ciudadanas exigen reformas y tienen un apoyo casi unánime.
"Desde el sector empresarial, hasta la comunidad internacional".
