La noche del ataque
Iguala, Guerrero. En la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de la localidad de Ayotzinapa, son emboscados mientras iban en varios autobuses que habían retenido. Indicios y testimonios apuntan a que policías municipales, en colaboración con bandas criminales, perpetraron los ataques.
“Los hechos ocurridos
entre la noche del 26 y la tarde del 27 de septiembre del año 2014, en la
región de Iguala, Guerrero, forman por su naturaleza el más grave conjunto de
violaciones a los derechos humanos –además de un cúmulo de crímenes de todo
orden-, de cuantos haya memoria reciente en este país”.
Con este diagnóstico
comienza el informe que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de
México presentó en julio pasado, en relación con las investigaciones sobre la
desaparición y posible asesinato de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural
Raúl Isidro Burgos.
Al cumplirse un año de
tales sucesos, no hay coincidencia total en cuanto a lo sucedido, y siguen
surgiendo versiones y detalles diversos acerca de la tragedia que conmovió a
México y que captó gran atención internacional. Esta semana, medios mexicanos atribuyeron
a la Procuraduría General de la República nuevos indicios en el sentido de que
los estudiantes habrían sido separados en grupos; algunos de ellos habrían sido
llevados a casas de seguridad, donde posiblemente fueron torturados.
Pero ni ésta ni otras
versiones, incluida la oficial, dan certeza definitiva, ni a la población ni a
los familiares de las víctimas. Según una encuesta realizada recientemente por
la consultoría de opinión Grupo Impacto, siete de cada 10 mexicanos creen que
este caso jamás se resolverá.
A lo largo del pasado
año, grupos cívicos no han cesado sus protestas
Crisis de derechos
humanos
“El caso de Ayotzinapa
no es único en un país que enfrenta una crisis de derechos humanos y en el que
miles de personas están desaparecidas”, afirma desde la Ciudad de México Carlos
Zazueta, de Amnistía Internacional. En entrevista con DW, el investigador para
México de la organización defensora de los derechos humanos afirma que “este
caso ha logrado mostrar las fallas de las investigaciones y la forma en que las
autoridades desatienden sus obligaciones para garantizar el derecho a la verdad
y el acceso a la justicia”.
Desde Nueva York,
Daniel Wilkinson coincide, haciendo énfasis en el papel que jugaron las
policías municipales de Iguala y Cocula al entregar a los estudiantes a grupos
criminales: “La desaparición de los 43 estudiantes ocurrida hace un año
constituye la mayor atrocidad perpetrada por fuerzas de seguridad del Estado
que hemos visto en México en muchos años”, afirma. El director para las
Américas de la organización Human Rights Watch subraya a DW, al igual que
Zazueta, que no se trata de un caso aislado. Menciona como ejemplo los sucesos
ocurridos en Tlatlaya, “una matanza de civiles por parte de militares”, el
pasado 30 de junio. Ocho elementos del ejército mexicano fueron detenidos en
relación con este episodio.
Movilización sin
precedente
Sin embargo, tanto
Wilkinson como Zazueta señalan que fue Ayotzinapa el caso que mayor atención
acaparó. ¿Las causas? “Por una parte está el número de desaparecidos, así como
el hecho de que eran estudiantes”, indica el director para las Américas de Human
Rights Watch. Por otro, fue Ayotzinapa el que desveló un patrón más grande de
abusos e impunidad en México, agrega.
El representante de
Amnistía Internacional señala que por su trascendencia, el caso Ayotzinapa “ha
logrado movilizar a muchas personas que antes no tomaban acciones de exigencia
de derechos humanos”. Al mismo tiempo, puede ser una oportunidad para que “se
inicie una transformación en la forma en que hasta ahora se gestionan los casos
de desapariciones forzadas y de otros graves delitos”, dice Carlos Zazueta.
Huellas permanentes
Pero para ello habría
que superar obstáculos, el primero de los cuales, según Daniel
Wilkinson, es la propia actitud del Estado mexicano al reaccionar ante
violaciones graves a los derechos humanos. “El gobierno federal se tardó diez
días en hacerse cargo de las investigaciones, lo cual es inexcusable”, dice.
Posteriormente, el gobierno mexicano invirtió gran cantidad de recursos e hizo
promesas de que resolvería el caso, “pero al final los métodos no cambiaron”,
considera el representante de HRW. “La investigación oficial ha estado plagada
de problemas, y ha generado serias dudas”.
Además, agrega Carlos
Zazueta, “el Estado mexicano debe asumir su responsabilidad en la prevención,
investigación y sanción de las desapariciones forzadas”.Para lograrlo, “es
importante que el Estado indique claramente que aceptará las recomendaciones formuladas
por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes nombrado por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que se establezca un calendario
creíble y prudente para su implementación”.
En todo caso, la CNDH
resume en una sola frase del citado informe la trascendencia que el caso
Ayotzinapa tiene para el gobierno y para la sociedad: México, dice el organismo
autónomo, “no es el mismo después de Iguala”.
