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Renuncia el ministro de Cultura en Perú

Renuncia el ministro de Cultura en Perú tras las muertes en las protestas a favor de Pedro Castillo
Jair Pérez Brañez mandó su carta dimisión alegando que la situación hace "insostenible" su presencia en el Gobierno.
Jair Pérez Brañez, ex ministro de Cultura de Perú - Fotos Presidencia Peru

El ministro de Cultura de Perú, Jair Pérez Brañez, presentó este viernes su carta de renuncia al cargo tras el saldo mortal que ha dejado la represión a las protestas que exigen el regreso al poder del expresidente Pedro Castillo.

"Hoy he presentado mi renuncia irrevocable. El Perú necesita paz y diálogo efectivo, no más violencia venga de donde venga. Invoco a que al más alto nivel y en todos los poderes se reflexione y tomen acciones para llevar paz al pueblo peruano. Ni una muerte más", escribió Pérez Brañez en Twitter donde publicó la carta con su dimisión enviada a la presidenta Dina Boluarte.

En la misiva, Pérez Brañez justifica su renuncia por "los lamentables sucesos acontecidos en el país que tienen como saldo la irreparable pérdida de hermanos y hermanas, hacen insostenible mi permanencia en su Gobierno".
En una entrevista a inicios de semana, Pérez Brañez dijo que los peruanos viven en medio de una polarización "que no ha podido atender necesidades vitales" de la población y que "la presión ciudadana debe empujar a generar sensibilidades políticas para buscar soluciones a los problemas del país".

"Necesitamos una voluntad firme de diálogo y muchísima responsabilidad, no solo de los poderes del Estado, sino de parte de las instituciones sociales, las fuerzas políticas", dijo en su momento el ahora ex ministro que había sido designado en el cargo hace apenas cinco días.

Además, lamentó las muertes causadas en medio de las protestas, que en poco más de una semana han dejado un saldo de al menos 20 muertos, e indicó que lo que vive Perú es "un momento doloroso", "de mucha preocupación" y "que no justifica ninguna muerte".

Otra renuncia en medio de la crisis de gobierno

La renuncia de Pérez Brañez se da en medio del recrudecimiento de la crisis política e institucional que enfrenta Perú desde hace una semana, tras la destitución del presidente Pedro Castillo por parte del Congreso y la posterior designación de Dina Boluarte como mandataria.

La ministra de Educación de Perú, Patricia Correa
Twitter @MineduPeru
Su dimisión se suma a la de Patricia Correa, que había sido designada ministra de Educación por Boluarte. La ahora ex funcionaria, alegó que su renuncia respondía a la violencia estatal en contra de manifestantes que piden la liberación y restitución en el poder de Pedro Castillo.

"La muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte", expresó Correa.

Boluarte declaró un toque de queda en 15 provincias de ocho departamentos del país, en medio de la ola de manifestaciones a favor de Castillo que se han visto enmarcadas por las denuncias de uso excesivo de la fuerza y de violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades en contra de los ciudadanos.

Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han recordado al Estado peruano que tiene el deber de cumplir con los "estándares internacionales sobre el uso de la fuerza basado en los principios de legalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad con miras a reducir la letalidad policial".

El llamado de la CIDH se enmarca en las denuncias ciudadanas sobre el empleo indiscriminado de gases lacrimógenos y el uso de perdigones de metal en contra de manifestantes.

La inteligencia y las redes sociales

La ONU tacha de "precedente peligroso" la suspensión de las cuentas de varios periodistas en Twitter
Elon Musk se enfrenta a una oleada de críticas tras su decisión de suspender temporalmente las cuentas de varios periodistas a los que acusó de infringir las normas de la red social.
Elon Musk, el propietario de TwitterPolitical-Moments / Legion-Media

La ONU, la Unión Europea y otras organizaciones expresaron su preocupación por la decisión de Twitter y su nuevo propietario, Elon Musk, de temporalmente suspender las cuentas de algunos periodistas.

El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, señaló este viernes que el bloqueo por parte de Twitter de un grupo de periodistas de varios medios de comunicación (entre ellos CNN, The Washington Post y The New York Times) que habían escrito sobre Musk y su red social creaba un "peligroso precedente".

"Esta medida sienta un peligroso precedente en un momento en el que periodistas de todo el mundo se enfrentan a la censura, a amenazas físicas e incluso a cosas peores", declaró Dujarric en la rueda de prensa.

Vera Jourová. Vicepresidenta de Valores y Transparencia
de la Comisión Europea. Thierry Monasse
 / Gettyimages.ru
Vera Jourová, vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisión Europea, también expresó la preocupación de la UE por la decisión de la empresa estadounidense y abogó por la libertad de expresión y la protección de los derechos de los periodistas. Jourová escribió en su cuenta en Twitter: "Las noticias sobre el bloqueo de cuentas de Twitter de periodistas son motivo de preocupación". "Elon Musk debería ser consciente de ello. Hay líneas rojas. Y sanciones, pronto", agregó.

La Sociedad para el Avance de la Edición y la Escritura de Negocios de EE.UU. manifestó en un comunicado este viernes que las acciones de Twitter "violan el espíritu de la Primera Enmienda [que protege la libertad de prensa] y el principio de que las plataformas de medios sociales permitirán la distribución sin filtros de información que ya está en la plaza pública".

"Está bien criticarme, pero no lo está publicar mi ubicación"

Este jueves Twitter suspendió durante siete días las cuentas de varios periodistas por supuestamente haber infringido las normas de la red social. Por su parte, Musk acusó a los periodistas bloqueados de 'doxing', es decir, dedifundir información privada por Internet. El multimillonario justificó su decisión afirmando que las cuentas suspendidas habían publicado su ubicación exacta en tiempo real, "básicamente, coordenadas de asesinato", en palabras del propio Musk.

Respondiendo a las críticas recibidas, Musk escribió en su cuenta en la red social: "Está totalmente bien criticarme todo el día, pero no lo está publicar mi ubicación en tiempo real y poner en peligro a mi familia".
 El empresario también señaló que el debate en los medios de comunicación sobre su decisión volvió a poner la libertad de expresión en la agenda. "Es tan inspirador ver el nuevo amor de la prensa por la libertad de expresión", escribió.

Profesionales españoles exigen mejorar Atención Primaria en Salud

Los médicos y pediatras de los centros de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid se encuentran de huelga indefinida desde hace cuatro semanas, desde el 21 de noviembre. Reclaman una mayor inversión en el sector y disponer de más tiempo para atender a cada paciente, en concreto, al menos diez minutos.

El Comité de Huelga del sindicato Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), que lidera la huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria en la región, continúa el encierro que comenzó a mediodía del jueves en la Consejería de Sanidad, donde se estaba desarrollando la quinta reunión con los representantes del Gobierno autonómico.

Los diez facultativos aprovecharon un receso de la reunión para proceder al encierro, ante la falta de actitud negociadora de sus interlocutores, según denuncian. "Comunicamos que vamos a proceder a encerrarnos en la Dirección General de Recursos Humanos hasta que venga alguien que sí pueda hablar de problemas y soluciones de la Atención Primaria madrileña", anunció la secretaria general de AMYTS, Ángela Hernández.

La Consejería de Sanidad procedió inmediatamente a avisar a la Policía Nacional, que ya ha avisado de que en esta situación se podrían producir detenciones, según recoge Público.

El sindicato afirma que en esta quinta reunión tampoco se había llegado a ningún acuerdo ni a ningún tipo de avance, por lo que exige hablar con alguna autoridad que esté habilitada para acordar algún progreso en el sentido de las demandas de los trabajadores.

El sindicato denuncia que ningún miembro del Gobierno regional, liderado por la conservadora Isabel Díaz Ayuso, se ha puesto todavía en contacto con el comité de huelga.

Apoyo del colectivo sanitario y de la población

A pesar de la falta de entendimiento con la Administración, los convocantes de la huelga sí han recabado el apoyo del colectivo de profesionales sanitarios y de la ciudadanía.

También algunos médicos y pediatras se han encerrado en sus centros de salud de toda la región, como en el de la calle General Ricardos, en el distrito de Carabanchel.

El encierro ha coincidido con la 'Noche blanca', en la que han participado profesionales médicos y vecinos, a la que se sumaron Los centros de salud de Cuzco en Fuenlabrada, Las Ciudades en Getafe, Huerta de los Frailes en Leganés y San Blas en Parla.

Durante la tarde-noche de este jueves se colocaron mesas informativas frente a los centros de salud en las que debatieron y analizaron la situación de la sanidad pública sanitarios y vecinos.

Cuatro semanas de huelga

Uno de los puntos es la cobertura inmediata de las vacantes y la mejora de las condiciones laborales, como aquellas que permiten la conciliación, con el fin de atraer a la región a más profesionales sanitarios.

La AMYTS ha conseguido el apoyo casi unánime del sector, con el respaldo explícito de Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), la Asociación Española de Pediatría (AEP), la Asociación Madrileña de Pediatría de Atención Primaria (AMPap), la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), la Asociación de médicos de Atención Primaria Pediátrica (AMAPED), la Asociación de Médicos y facultativos de Madrid (SIME) y APSeMueve.
La última en pronunciarse ha sido la Confederación Estatal del Sindicatos Médicos (CESM), que este viernes ha emitido un comunicado en el que muestra explícitamente su "absoluto respaldo" el encierro del Comité de Huelga de Madrid y lamenta las injerencias políticas y colegiales que han enquistado el conflicto.

"Lo único que nos queda es quedarnos aquí hasta que venga alguien del Gobierno que nos diga que va a haber un cambio de rumbo. No vamos a determinar quién, pero alguien con autoridad para decirle a la Consejería de que este no es el camino", ha sostenido Ángela Hernández como única manera de concluir el conflicto.

Madrid a la cola en inversión en Atención Primaria

La Comunidad de Madrid es la segunda región española que cuenta con menos profesionales sanitarios de Atención Primaria, con 0,68 por cada 1.000 habitantes, y lejos de los 1,07 de la región que encabeza la clasificación, Castilla y León.

Además, Madrid es el territorio que destina un menor porcentaje de su PIB a Sanidad, un 4,7 %, más de dos puntos por debajo de la media nacional, que es del 6,9 %. Igualmente es la segunda con menor gasto sanitario por habitante, con 1.491 euros anuales.

Se constata, además, un empeoramiento en la inversión, puesto que el porcentaje de gasto público que destina a la Atención Primaria es el más bajo desde que hay datos y el menor de todo el país, tan solo el 10,6 %.

La situación llevó a que el pasado 13 de noviembre, la manifestación convocada por colectivos vecinales en apoyo de la sanidad pública fuera una de las más numerosas de las celebradas en la capital española en la última década, con una asistencia que superó las 200.000 personas, según algunas estimaciones, y que alcanzó las 600.000 según los organizadores.
Personas portan una pancarta durante una manifestación contra el desmantelamiento de la Atención Primaria, en Madrid, España. 13 de noviembre de 2022.

Bajo el lema "Madrid se levanta por la Sanidad Pública. Contra el Plan de Destrucción de la Atención Primaria", ciudadanos, médicos y personal sanitario se han reunido en cuatro puntos de la urbe y comenzaron las manifestaciones a mediodía, recogen los medios locales.

Además, denuncian ilegalidades por parte de la Consejería de Sanidad de Madrid, asegurando que "potencia el modelo de colaboración público privada" y obliga a unos servicios mínimos "abusivos".

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