Irán ejecuta a 853 personas, la cifra más alta en ocho años
Irán ejecuta a 853 personas, la cifra más alta en ocho años, como parte de una represión implacable y una nueva “guerra contra las drogas”
“No dejemos que nos maten”: la implacable crisis de ejecuciones en Irán desde el levantamiento de 2022 revela el modo en que las autoridades iraníes han intensificado el uso de la pena de muerte para infundir miedo entre la población y afianzarse en el poder tras la sublevación “Mujer Vida Libertad” ocurrida entre septiembre y diciembre de 2022. En el informe se da también la voz de alarma sobre el desproporcionado impacto sobre las comunidades pobres y marginadas de las mortíferas políticas antidroga que aplican las autoridades.
La pena de muerte es abominable en toda circunstancia, pero aplicarla a escala masiva por delitos de drogas tras juicios manifiestamente injustos ante Tribunales Revolucionarios es un abuso de poder grotesco. Diana Eltahawy, Amnistía Internacional
El número de ejecuciones en 2023 es el más alto registrado desde 2015, que supone un aumento del 48% respecto a 2022 y del 172% respecto a 2021. La oleada de muertes en Irán prosigue en 2024, con al menos 95 ejecuciones registradas hasta el 20 de marzo. Las cifras de ejecuciones registradas por Amnistía Internacional son datos mínimos; la organización piensa que el número real es sin duda mayor.
“Las mortíferas políticas antidroga de la República Islámica contribuyen a reforzar un círculo de pobreza e injusticia sistémica y exacerban la discriminación contra las comunidades marginadas, en particular la minoría baluchi oprimida de Irán”, ha declarado Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
El año pasado tuvo lugar también una oleada de ejecuciones que afectó a manifestantes, personas usuarias de las redes sociales y otras personas disidentes o percibidas como tales, por actos amparados por el derecho internacional de los derechos humanos, en virtud de cargos tales como “insultar al profeta”, “apostasía” y otros ambiguos como “enemistad con Dios” (moharebeh) o “corrupción en la tierra” (efsad-e fel arz).
“Entre las ejecuciones se cuentan manifestantes, disidentes y miembros de minorías étnicas oprimidas, puesto que las autoridades han instrumentalizado la pena de muerte en un intento de sembrar el miedo entre la población y reprimir la disidencia. En ausencia de una respuesta global contundente, las autoridades iraníes no tendrán inconveniente en ejecutar con total impunidad miles de personas más en los años venideros”, ha declarado Diana Eltahawy.
“Nuestras estremecedoras conclusiones sobre el continuo asalto de las autoridades iraníes al derecho a la vida subrayan la urgente necesidad de que la comunidad internacional presione a las autoridades iraníes para que impongan una suspensión inmediata de todas las ejecuciones. Puesto que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU vota esta semana si renueva los mandatos de la Misión de investigación sobre Irán y del relator especial sobre Irán, es esencial señalar a las autoridades iraníes que su deplorable historial en materia de derechos humanos seguirá sujeto al escrutinio internacional y garantizar que siga existiendo un mecanismo internacional independiente de investigación y rendición de cuentas que recoja y analice pruebas de los crímenes de derecho internacional”.
Los Tribunales Revolucionarios dictaron 520 (61%) de las sentencias de pena de muerte ejecutadas en 2023. Estos tribunales tienen competencias sobre una amplia gama de actos, incluidos los delitos de drogas, que las autoridades consideran delitos de “seguridad nacional”. Los tribunales carecen de independencia, operan bajo la influencia de los organismos de seguridad e inteligencia y, para dictar sentencias condenatorias, utilizan habitualmente “confesiones” forzadas obtenidas mediante tortura en juicios sumarios manifiestamente injustos.
Vertiginoso aumento de las ejecuciones por drogas
El repunte de las ejecuciones en 2023 se debe en gran medida a un alarmante giro mortal en la política antidroga de Irán, tras el ascenso de Ebrahim Raisi a la presidencia y el nombramiento de Gholamhossein Eje’i como presidente de la Magistratura, ambos en 2021.
Amnistía Internacional ha analizado declaraciones oficiales de altas autoridades ejecutivas y judiciales que criticaban públicamente las reformas de 2017 de la Ley Antidroga —que posibilitaron un drástico descenso de las ejecuciones por drogas entre 2018 y 2020— y pedían un mayor uso de la pena de muerte para combatir el narcotráfico.
Estas posturas oficiales han dado paso a una escalofriante curva ascendente desde 2021: en 2023 hubo 481 ejecuciones por drogas, que constituyeron el 56% del total. Esto supone un aumento del 89% desde 2022, año en que fueron ejecutadas por drogas 255 personas, y un incremento del 264% desde 2021, cuando hubo 132 ejecuciones por el mismo motivo.
La minoría baluchi de Irán representó el 29% (138) de las ejecuciones por drogas en 2023, si bien sólo constituye cerca del 5% de la población iraní, lo que pone de manifiesto el efecto discriminatorio de la estrategia antidroga de las autoridades contra las comunidades más marginadas y empobrecidas.
Las ejecuciones por delitos de drogas con frecuencia se llevan a cabo cruelmente y en secreto, sin previo aviso a familiares ni asistencia letrada.
Si la comunidad internacional no toma medidas urgentes, las ejecuciones por delitos de drogas seguirán en aumento, entre los continuos esfuerzos de los poderes judicial, legislativo y ejecutivo por promulgar una nueva ley antidroga mortífera que, de aprobarse, ampliará el listado de cargos por drogas que conllevan pena de muerte.
Las ejecuciones como herramienta de opresión política
A lo largo de 2023, tras la sublevación “Mujer Vida Libertad” que tuvo lugar entre septiembre y diciembre de 2022, las autoridades iraníes también intensificaron la aplicación de la pena de muerte como arma para reprimir la disidencia.
Nuestras estremecedoras conclusiones sobre el continuo asalto de las autoridades iraníes al derecho a la vida subrayan la urgente necesidad de que la comunidad internacional presione a las autoridades iraníes para que impongan una suspensión inmediata de todas las ejecuciones.Diana Eltahawy, Amnistía Internacional
En 2023, las autoridades ejecutaron a seis hombres en relación con la sublevación de 2022 y a otro más en relación con las protestas nacionales de noviembre de 2019. Al menos otras siete personas han sido condenadas a muerte y están en peligro de ejecución inminente en relación con la sublevación de 2022 y las protestas de noviembre de 2019.
El aumento de las ejecuciones ha llevado a las personas presas en el corredor de la muerte a declararse en huelga de hambre y a pedir públicamente que se intervenga para detener las ejecuciones.
En mayo de 2023, varios días antes de su ejecución tras juicios manifiestamente injustos, los manifestantes Majid Kazemi, Saleh Mirhashemi y Saeed Yaghoubi enviaron de forma clandestina desde la prisión una súplica de ayuda, en la que rogaban: “No dejen que nos maten”.
El 28 de enero de 2024, otro grupo de personas presas en el corredor escribió una carta abierta en la que anunciaba una huelga de hambre y pedía apoyo para salvar la vida. “Quizás con su ayuda puedan detenerse estas ejecuciones. Del modo que puedan, sean nuestra voz…”.
Ejecuciones de personas detenidas siendo menores de edad
El año pasado también marcó una espeluznante escalada en la aplicación de la pena de muerte a menores delincuentes, al ejecutarse a un joven de 17 años y a cuatro jóvenes condenados por delitos cometidos siendo menores de edad.
Hamidreza Azari fue detenido con sólo 16 años y ejecutado menos de siete meses después, tras un juicio manifiestamente injusto acelerado por la fiscalía. Las autoridades iraníes falsearon deliberadamente su edad —que declararon ser de 18 años— en los medios de comunicación nacionales para eludir responsabilidades por violar el derecho internacional, que prohíbe imponer la pena de muerte a quienes fueran menores de 18 años al cometer un delito.
En los últimos meses, las autoridades han publicitado de forma engañosa una nueva directiva del presidente de la Magistratura como paso hacia “una mayor reducción” de las condenas a muerte contra menores delincuentes. Sin embargo, el análisis de Amnistía Internacional revela que la directiva no aborda las prolongadas carencias de la legislación sobre menores y que reafirma la discrecionalidad concedida al poder judicial para condenar a muerte a menores delincuentes tras “evaluaciones de madurez” viciadas.
Amnistía Internacional ha instado reiteradamente a las autoridades iraníes a que modifiquen el artículo 91 del Código Penal Islámico para abolir la pena de muerte por delitos cometidos por menores en todas las circunstancias.
Información complementaria
Las autoridades iraníes se niegan a proporcionar estadísticas públicas de condenas a muerte y ejecuciones. Para registrar el número de ejecuciones llevadas a cabo en 2023, Amnistía Internacional trabajó en estrecha colaboración con el Centro Abdorrahman Boroumand, basándose en fuentes abiertas, incluidos informes de medios de comunicación estatales e independientes y de organizaciones de derechos humanos. La organización también revisó los registros de ejecuciones de Iran Human Rights y Kurdistan Human Rights Network.
La pena de muerte es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia de la persona acusada y del método de ejecución utilizado por el Estado.
Argentina: los peajes aumentan 200% en abril
A partir del 17 de abril, entrará en vigencia un aumento en los peajes de las rutas nacionales de Argentina, abarcando tramos en varias provincias del país. Este incremento, que se mantendrá hasta el 18 de mayo, afectará a rutas de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Corrientes, Chaco, Misiones, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, incluyendo la Autopista Riccheri-Ezeiza-Cañuelas.
La medida, anunciada por Vialidad Nacional, responde a la necesidad de ajustar los precios de los peajes debido al significativo aumento en los costos de explotación, conservación, mantenimiento y servicios de apoyo, que influyen en la calidad de los servicios prestados a los usuarios. La última actualización tarifaria se realizó en noviembre de 2023.Además, se informó que, a partir de junio y hasta diciembre de 2024, se aplicará un nuevo lineamiento que contempla una variación mensual en las tarifas, con el objetivo de evitar atrasos que puedan afectar la prestación de servicios en los corredores viales mencionados.
Malvinas: una herida abierta en la memoria de un pueblo que mantiene el reclamo por la soberanía de las islas
por Somos Télam.- En las islas y los mares australes, quedaron 649 argentinos caídos en una contienda que dejó una herida que aún permanece abierta en la memoria de un pueblo y una Nación que aún reclama sus legítimos derechos sobre las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.
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| Tropas argentinas habían desembarcado el 2 de abril de 1982 en las islas Malvinas. |
El hundimiento del crucero ARA General Belgrano por parte del submarino nuclear HMS de la Royal Navy alejó toda posibilidad de alcanzar un entendimiento para resolver el conflicto por la soberanía de las islas Malvinas.
La intransigencia del gobierno conservador de la primera ministra británica Margaret Thatcher y la impericia política de los mandos militares argentinos, encabezados por el general Leopoldo Fortunato Galtieri, dejaron allanado el camino para el inicio de las hostilidades en el Atlántico Sur.
El hundimiento del crucero
El domingo 2 de mayo el crucero Belgrano, que viajaba hacia el continente, fue atacado por el Conqueror, que se convirtió así en el primer submarino de propulsión nuclear en hundir una embarcación.
Tras confirmar con Londres en tres oportunidades la orden, el comandante del sumergible lanzó a las 16.02 tres torpedos desde una distancia de cinco kilómetros.
Dos proyectiles dieron en el Belgrano y un tercero golpeó el casco del ARA Bouchard, una de las naves que, junto al ARA Piedrabuena, se encontraban escoltando a esta antigua nave botada en Estados Unidos, que había sobrevivido al ataque japonés sobre la base Pearl Harbor en 1941 y como parte de las operaciones bélicas durante la Segunda Guerra Mundial.
El ataque del Conqueror dejó un saldo de 323 argentinos muertos, la mitad de los efectivos que cayeron durante la contienda, y si bien hubo presentaciones para que esa tragedia se investigara como un crimen de guerra, la Armada se encargó de desestimar esa posibilidad, al declarar en los años ’90 que el Belgrano había sido hundido como parte de una acción bélica.
Ante el comienzo de las hostilidades, Estados Unidos dejó de lado su rol mediador y apoyó de forma decidida a Gran Bretaña, y el ataque al Belgrano alejó las posibilidades de llegar a un acuerdo.
Se frustra la salida diplomática
El 1.º de mayo, el presidente peruano, Fernando Belaúnde Terry, presentó una propuesta de paz basada en el cese de hostilidades, el retiro de tropas de la zona de Malvinas, representantes ajenos a las dos partes para administrar el conflicto, reconocimiento de los dos países de la existencia de un diferendo y contemplar los intereses de los isleños.
El plan otorgaba un plazo de un año para llegar a una solución pacífica. Sin embargo, la salida diplomática no puso prosperar.
El hundimiento del General Belgrano hizo que los mandos de la Armada, encabezados por el almirante Jorge Anaya, presionaran para dejar atrás toda posibilidad de negociación.
Al otro lado del Atlántico, en Londres, el gobierno británico de Thatcher veía en la victoria militar una oportunidad para consolidar su frente interno en una sociedad con una economía en recesión y ajuste.
El 4 de mayo, dos aviones Super Étendard, de fabricación francesa, despegaron de la base aeronaval de Río Grande, en Tierra del Fuego, con el objetivo de golpear a parte de la flota británica que se encontraba al este de la isla Soledad.
Las naves estaban piloteadas por el capitán de corbeta Augusto Bedacarratz y el teniente de navío Armando Mayora, que, tras reabastecerse en vuelo, dispararon dos misiles Exocet sobre el Sheffield, una de las naves más modernas de la Royal Navy. Se trataba de un destructor con capacidad de disparar misiles teledirigidos que se hundió días después, tras un ataque que dejó 21 marinos británicos muertos.
Las acciones aeronavales se sucedieron en medio del fuego naval británico que golpeaba las islas y las acciones de los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina que hostigaban a la flota.
En Argentina se vivía un clima de triunfalismo, alimentado por una prensa que magnificaba los éxitos militares con una frase que se publicó varias veces en la revista Gente: “Seguimos ganando”.
El desembarco británico
El 21 de mayo, tras un intenso bombardeo naval sobre las posiciones argentinas, infantes de marina británicos lograron desembarcar en el estrecho de San Carlos.
Una semana más tarde, el Segundo Batallón de Paracaidistas británicos tomó el istmo de Darwin, en la isla Soledad, tras librar una batalla con 600 efectivos argentinos en la pradera de Ganso Verde.
En el ínterin, aviones A-4B Skyhawk hundieron la fragata Antelope; el 25 de mayo, una escuadrilla de la Fuerza Aérea Argentina mandó a pique al destructor Coventry.
El 30, una acción combinada de pilotos de la aviación naval y de la Fuerza Aérea Argentina lanzó un ataque contra el portaaviones Invencible.
En tierra, las fuerzas británicas comenzaron a estrechar el cerco sobre Puerto Argentino con superioridad en el alcance de su artillería. Los cañones de los británicos tenían un alcance de 17 kilómetros, mientras que los argentinos no podían hacer blanco a más de 14 kilómetros.
Los mandos de la Task Force intentaron llevar a cabo el 8 de junio un arriesgado plan de desembarco a 16 kilómetros al sur de Puerto Argentino, en una zona conocida como Bahía Agradable.
Ataques contra la flota inglesa
Aviones de la Fuerza Aérea tomaron por sorpresa a la escuadra naval británica; hundieron dos buques de desembarco y dañaron una fragata. Murieron 56 militares británicos y 200 terminaron heridos, en lo que se conoció como “el día más negro de la flota”.
Cuatro días después, un equipo de ingenieros de la Armada logró la proeza técnica de disparar desde tierra un misil Exocet que dejó fuera de combate al destructor Glamorgan.
La noche del 11 de junio se inició el combate más sangriento de la guerra en Monte Longdon, cuando soldados del 3.º batallón de los paracaidistas atacaron las posiciones argentinas cercanas a la capital de las islas.
Argentinos y británicos libraron en esas estribaciones un cruento combate de más de 12 horas, que dejó decenas de muertos de ambos lados.
Balas trazantes que surcaban la noche como un torrente de fuego; el sonido estruendoso de los morteros y combates cuerpo a cuerpo, a bayoneta calada, en imágenes dignas de la Primera Guerra, formaban parte del tétrico escenario de sangre y fuego que se conformó esa noche en Monte Longdon.
En 1993, el excabo de los paracaidistas Vincent Bramley contó que había presenciado fusilamientos a soldados argentinos que fueron tomados como prisioneros. Bramley denunció que varios de sus excompañeros cometieron crímenes de guerra tras esa durísima batalla.
La rendición
Monte Tumbledown significó la última resistencia argentina en la mañana del 14 de junio, en un enfrentamiento que libraron efectivos del Batallón de Infantería de Marina (BIM5), y dos compañías del Ejército resistieron a la Guardia Escocesa hasta que se ordenó el repliegue a Puerto Argentino.
El general Mario Benjamín Menéndez, gobernador militar de Malvinas, se comunicó con Galtieri para informarle que la guarnición ya no podía resistir.
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| La rendición de Menéndez fue el 14 de junio. |
“Llámeme a las 19”, le ordenó el presidente de facto a Menéndez, que le respondió a su interlocutor que “no entendía bien la situación”.
Menéndez convino los términos de la rendición con el comandante de las tropas británicas de tierra, mayor general Jeremy Moore, y el acta se firmó en horas de la noche. En el primer documento redactado, figuraba la palabra “incondicional” junto al término rendición, y Menéndez, bien afeitado y prolijamente vestido, pidió que se retirara.
Moore, vestido de fajina y extenuado tras semanas de campaña, aceptó, sabiendo que nada podía modificar el resultado de aquella contienda.
“Está bien, general, lo quitamos. ¿Cuál es el problema”, le espetó el alto oficial de su Majestad. Se pactó que los argentinos conservarían sus banderas, y los oficiales mantendrían el mando de las tropas y sus armas de mano.
Más de 4000 soldados llegaron a Puerto Madryn el 19 de junio. Ese día, la ciudad salió a recibirlos y se quedó sin pan; todo era para quienes habían combatido en Malvinas. Galtieri dejaría de ser presidente a los pocos días, desplazado por los mandos del Ejército, que decidían que lo mejor era iniciar una transición hacia un régimen constitucional.
En las islas y los mares australes, quedaron 649 argentinos caídos en una contienda que dejó una herida que aún permanece abierta en la memoria de un pueblo y una Nación que aún reclama sus legítimos derechos sobre las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.
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