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Revés judicial al decreto de Bolsonaro sobre las tierras indígenas

El presidente de Brasil pretende facilitar su uso al agronegocio.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Brasilia, Brasil. 18 de junio de 2019. -Adriano Machado – Reuters
 El juez Luis Roberto Barroso, del Supremo Tribunal Federal (STF), suspendió un decreto del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, para transferir la demarcación de tierras indígenas al Ministerio de Agricultura. Una polémica medida del mandatario que ha generado en estos últimos meses importantes protestas de los pueblos aborígenes.
Con esta decisión, la demarcación de tierras vuelve a ser responsabilidad de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) vinculada al Ministerio de Justicia. Sin embargo, la decisión del juez es provisional y deberá ser analizada ahora por el pleno del STF (Supremo Tribunal Federal). Barroso pidió que el caso se analice con urgencia. 

El polémico decreto

Una de las primeras medidas que tomó Bolsonaro al asumir su cargo a principios de año fue transferir los poderes de la FUNAI al Ministerio de Agricultura, dirigido por Tereza Cristina Dias, que fue líder de la bancada ruralista en la Cámara de Diputados. El mandatario facilitaba así el uso de tierras indígenas al agronegocio.
La medida llegó a ser aprobada en el Congreso, pero el punto sobre la demarcación de tierras fue modificado atribuyendo de nuevo a la FUNAI sus funciones. En un pulso de fuerza, la semana pasada, Bolsonaro publicó un nuevo decreto en el que devolvía una vez más las competencias al Ministerio de Agricultura. Esta última medida es la que he sido tumbada por Barroso.
El pasado mes de mayo, a través de un manifiesto, ocho exministros de Medio Ambiente de Brasil denunciaron que Bolsonaro está "desmontando" las políticas medioambientales. Advirtieron del "riesgo real" que supone el aumento "descontrolado" de la deforestación en la Amazonía y una de las principales medidas que criticaron fue la transferencia de los poderes de la FUNAI al Ministerio de Agricultura.

18 años de prisión para un 'príncipe saudita' de origen colombiano por estafar más de 8 millones de dólares

El fraude del falso príncipe quedó al descubierto cuando un promotor inmobiliario con el que estaba negociando una gran inversión lo vio comiendo alegremente carne de cerdo.
Imagen ilustrativa - Pixabay - Toby_Parsons
Actualidad.rt.- Durante décadas Anthony Gignac, que se presentaba a sí mismo como 'príncipe saudita', vivió una vida glamurosa, una vida casi a cuerpo de rey, mientras entregaba tarjetas de visita en las que refería a sí mismo como 'su alteza real' y 'sultán'. En su cuenta de Instagram colgaba con frecuencia fotos de su jet privado, yates, hoteles de cinco estrellas, restaurantes de lujo, joyas y todo tipo de productos de Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Hermès y Rolex.  
Su tren de vida frenó en seco este viernes, cuando fue sentenciado en Miami (EE.UU.) —ciudad donde residía— a 18 años y medio de cárcel por robo de identidad con agravantes y fraude electrónico, entre otros cargos. También ha sido condenado por hacerse pasar por un diplomático o funcionario gubernamental extranjero, valiéndose para ello de placas de licencias diplomáticas falsas para él, así como de insignias falsas de Servicio de Seguridad Diplomática para sus guardaespaldas, que llevaban atuendos tradicionales sauditas.
"Gignac se ha presentado a sí mismo como un príncipe saudí [Khalid bin Al-Saud] para manipular, victimizar y estafar a innumerables inversores de todo el mundo", afirmó en un comunicado el fiscal federal del Distrito Sur del estado de Florida, Fajardo Orshan.
"Como resultado de ello, decenas de inversores confiados [de EE.UU., Canadá, el Reino Unido, Suiza y Hong Kong] fueron despojados de sus inversiones, perdiendo más de 8 millones de dólares", recoge el comunicado.

Desenmascarado gracias a la carne

Gignac, estadounidense de 48 años, nació en Bogotá, Colombia, de donde se mudó con 7 años al estado de Michigan tras ser adoptado por una familia estadounidense, según Miami Herald. Los primeros fraudes que cometió haciéndose pasar por el príncipe Khalid bin Al-Saud se remotan a cuando tenía 17 años. Desde entonces ha sido arrestado o condenado en 11 ocasiones.

Relatores de la ONU piden a Estados Unidos que cese las “amenazas” contra la Corte Penal Internacional

Dos relatores de la ONU*  aseguran que no se debe permitir que las advertencias del Secretario de Estado y el Asesor de Seguridad Nacional contra la Corte Penal Internacional obstaculicen la capacidad de este tribunal para cumplir su mandato.
ONU - Rick Bajornas - "Estamos particularmente preocupados a la luz de los informes recientes de altos funcionarios de Corte que renuncian a sus cargos como consecuencia de estas amenazas", dijeron.
En un discurso el 10 de septiembre de 2018, John Bolton advirtió que los jueces, los fiscales y el personal de la Corte, con sede en La Haya, se enfrentarían a una serie de medidas si continuaban investigando los presuntos crímenes de guerra cometidos por los Estados Unidos, Israel u otros aliados de los Estados Unidos.
Declaró que esas acciones incluirían "todos los medios necesarios", como la prohibición de que los jueces y fiscales de la Corte ingresen a los Estados Unidos; congelar sus activos financieros en ese país e incluso llegar a procesarlos penalmente. Añadió que se tomarían las mismas medidas contra las empresas o los Estados que colaboren en cualquier investigación de este tribunal sobre ciudadanos estadounidenses.
En marzo de 2019, el Secretario de Estado, Mike Pompeo, aseguró que Estados Unidos revocará o denegará visados a los miembros de la Corte que participen en investigaciones contra las tropas de Estados Unidos en Afganistán o cualquier otra parte del mundo y amenazó con sanciones económicas.
"Estas amenazas constituyen una injerencia indebida en la independencia de la CPI y podrían obstaculizar la capacidad de los jueces, fiscales y personal de la Corte para llevar a cabo sus tareas profesionales", dijeron los expertos de la ONU.
Para que el acceso a la justicia sea efectivo e igualitario y para que pueda haber juicios justos, el sistema judicial y los jueces deben ser “independientes y libres de cualquier interferencia impropia”, añaden.  La intimidación puede desanimar a “los defensores de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, representante de víctimas y otros que colaboran con la Corte”.

Estados Unidos no es parte de la CPI

Estados Unidos no ratificó el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional en 2002. El tribunal, cuya misión es llevar ante la justicia a los autores de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio, tiene 123 Estados firmantes.
Fatou Bensouda - ONU - Rick Bajornas
El 20 de noviembre de 2017, la Fiscal de este tribunal, Fatou Bensouda, solicitó autorización para iniciar una investigación sobre presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en relación con el conflicto armado en Afganistán.  Algunos de los presuntos responsables de esos crímenes son soldados estadounidenses.  Además, la fiscal quiere investigar las actividades de la CIA en Afganistán, Polonia, Rumanía y Lituania; en los tres últimos países se habrían instalado cárceles secretas.
Estados Unidos no es parte del tribunal y por tanto está fuera de su jurisdicción. Sin embargo, en este caso, como Afganistán es un Estado parte, “la corte puede ejercer su jurisdicción sobre todo los supuestos crímenes cometidos en territorio afgano desde mayo de 2003, con independencia de la nacionalidad del acusado”, según se lee en la petición de autorización de la fiscal. Polonia, Rumanía y Lituania también son Estados firmantes.

Filipinas abandona de la Corte Penal Internacional

La cadena de corrupción de Odebrecht: los casos más destacados en América Latina

 La mayor trama de corrupción en la región ha golpeado a personas públicas y privadas, sindicadas, acusadas o condenadas por sobornos. Un golpe al bolsillo de los ciudadanos, y a la democracia. Los casos más destacados:




Sede de Odebrecht en Sao Paulo, Brasil
DW - José Ospina Valencia.- Todo empezó con el inmigrante alemán Emil Odebrecht, que aún siendo estudiante en la Universidad de Greifswald emigró en 1856 a la colonia germana de Blumenau, estado de Santa Catarina, al sur de São Paulo. Este ingeniero y cartógrafo sentó las bases, sobre las que un nieto suyo fundó la empresa constructora que más tarde se convertiría en foco de la corrupción continental.
Odebrecht es un conglomerado de empresas dedicadas a construcciones, infraestructura, inmobiliarias, petroquímicas y transporte, entre otros.
Cifras
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó unos 788 millones de dólares en comisiones ilegales por más de 100 proyectos de construcciones públicas en 11 países de América Latina, así como en Angola y Mozambique, en África.
De acuerdo a los cálculos de la consultora Global Financial Integrity, América Latina pierde cada año unos 140 mil millones de dólares por corrupción, un 3% del PIB de la región”.
Brasil: petróleo, política y pagos ilegales
Todo comenzó como una investigación en Brasil, denominada Operación Autolavado (Operação Lava Jato). Entre tanto, Odebrecht ha admitido haber sobornado desde 2001 a políticos, funcionarios y partidos de tres continentes, especialmente en América Latina, para ganar contratos públicos. El director ejecutivo de la constructora, Marcelo Odebrecht, alias "El Príncipe”, está cumpliendo una sentencia de 19 años de prisión, tras su condena por pagar más de 30 millones de dólares en sobornos a ejecutivos de la estatal brasileña Petrobras.
La Operación Lava jato ha desenterrado pagos de unos 349 millones de dólares en sobornos. Un escándalo que generó una grave crisis política, que le abonó el camino al derechista Jair Bolsonaro, hoy presidente electo del Brasil
Argentina: sobornos "admitidos”
Según el Departamento de Justicia de EE. UU., en 2016, Marcelo Odebrecht admitió haber pagado 35 millones de dólares a funcionarios argentinos entre 2007 y 2014 para manipular diversos contratos de obras públicas. El juez Federal Marcelo Martínez De Giorgi llamó este año (2018) a indagatoria a 49 personas, entre ellas exfuncionarios públicos, representantes de empresas que obtuvieron la licitación de la construcción del soterramiento del tren Sarmiento, por presunto soborno y sobreprecios.
Entre los 49 citados se encuentran Ricardo Jaime, exministro de Transporte; José López, exsecretario de Obras Públicas, Marcelo OdebrechtÁngelo Calcaterra, expresidente de la empresa IECSA. Y también Julio De Vido, exministro de Planificación.
Colombia: vía, auditoría y cianuro
Luis Carlos Sarmiento Angulo, empresario colombiano
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, es sindicado de "encubrimiento”, al no denunciar delitos de los que supuestamente tuvo conocimiento antes de asumir el cargo. Un escándalo reavivado tras dos extrañas muertes. Jorge Enrique Pizano, auditor de la obra Ruta del Sol II, considerado testigo clave en el escándalo de Odebrecht, falleció de un infarto el 8 de noviembre. Tres días más tarde, su hijo Alejandro Pizano murió envenenado con cianuro.
Pizano había entregado grabaciones a varios medios diciendo, entre otras cosas, que el hoy fiscal Martínez, como asesor del consorcio bancario Grupo Aval, conocía la trama de corrupción desde 2015, incluyendo "irregularidades en la licitación para la construcción de la Ruta del Sol II”.
Martínez niega que haya conocido algún delito cuando era asesor del Grupo Aval y dice haber entregado a Carlos Sarmiento Angulo, presidente de dicho consorcio, toda la información que recibió de Pizano. El Portal de análisis La Silla Vacía dice que "eso tiene sentido, pues el Grupo Aval había puesto a Pizano en la concesionaria de la Ruta del Sol II justamente para vigilar a Odebrecht”.
El periodista Gonzalo Guillén interpuso una denuncia penal contra Martínez en EE.UU., en donde se lleva un proceso matriz contra Odebrecht. Una condena por corrupción tendría graves consecuencias para la persona y el consorcio que preside Sarmiento, el hombre más rico de Colombia.
Ecuador: estrepitosa caída

Capturan una banda de colombianos y españoles con más de 2 toneladas de cocaína en Europa

Al parecer la organización criminal traficaba grandes cantidades del narcótico proveniente de América Latina por vía marítima.

 Un grupo de 10 personas, en su mayoría de nacionalidad colombiana y española, fue capturado con 2,5 toneladas de cocaína en la frontera entre Portugal y España. Según las autoridades, la droga, cuyo valor se calcula en unos 150 millones de dólares, debía ser distribuida a varios países de Europa.

Cerca de 2.000 kilogramos del alcaloide se encontraban escondidos en un almacén fronterizo, mientras que 500 kilogramos más fueron hallados dentro de un vehículo en la provincia de Badajoz, en el oeste España. La operación se llevó a cabo de manera conjunta entre las fuerzas del orden portuguesas y españolas, recogen medios portugueses.

Entre los detenidos se encuentran nueve hombres y una mujer, uno de ellos de procedencia polaca, que están bajo custodia de las autoridades de España. Al parecer, la organización criminal, desmantelada en su totalidad, traficaba grandes cantidades del narcótico desde Lisboa, proveniente de América Latina por vía marítima.

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Importante.

La Liga Sudamericana Femenina inicia en mayo en Paraguay y Argentina

MIAMI (Estados Unidos) – La oficina Regional de FIBA en las Américas, en acuerdo con la Confederación Sudamericana de Básquetbol (CONSUBASQU...