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Center for Journalists-ICFJ-, en alianza con CONNECTAS. Investigación de Arturo Ángel, Valeria Durán, Francisco Sandoval y Raúl Olmos
ASISMEX,
la empresa que inyectó de manera ilegal 15 millones de pesos a la campaña
presidencial priista en 2012, forma parte de una red de compañías creadas por
un contador público que se benefició de contratos y convenios de la
administración Duarte por más de 3,617 millones de pesos.
Antes
de la elección del 2012, el gobierno de Javier Duarte entregó 643 millones de
pesos a 19 empresas fantasma cuyos propietarios, accionistas y representantes
legales están también detrás de ASISMEX, una empresa que financió ilegalmente
la campaña presidencial del PRI de ese año.
El
personaje principal en esas 19 compañías, que recibían recursos públicos del
gobierno veracruzano –incluso sin contratos de por medio-- y los transfería a
otras empresas para que se perdiera el rastro, es Víctor Manuel López Gachuz,
un contador público que no ha sido llamado a rendir cuentas por la justicia.
Logística
Estratégica ASISMEX, el nombre completo de la compañía, fue la que entregó
dinero al PRI, recursos que habrían de utilizarse para pagarles a
representantes de casillas el día de la elección de aquel año.
Este
último paso ya fue probado por el Instituto Nacional Electoral que, tras una
investigación de cinco años, reveló en enero pasado que había descubierto un
sofisticado e ilegal mecanismo de financiamiento en la campaña presidencial de
2012, principalmente en Veracruz.
El
organismo demostró que al menos 15 millones de pesos fueron a parar al PRI e
informó que por esos hechos había pedido a la PGR y al SAT investigar a
ASISMEX, que estaría detrás de ese financiamiento ilegal.
El
PRI nunca reportó ese ingreso e incluso ha negado que exista relación entre
ellos y ASISMEX. Por eso el INE multó a los priistas con poco más de 30
millones de pesos. Este caso está pendiente de resolución en el Tribunal
Electoral, donde fue impugnado.
Ahora,
una investigación de Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción e
Impunidad (MCCI) prueba que ASISMEX en realidad forma parte de una red aún más
grande, una que involucra a 400 empresas fantasma creadas al amparo de una
oficina encabezada por el contador Gachuz, que se utilizaron para desviar y
ocultar dinero público en el sexenio de Duarte.
En
esta red de 400 empresas fantasma coinciden dueños, prestanombres,
representantes legales, comisarios y notarios que avalaron su creación, y
coinciden también direcciones fiscales y empleados de Gachuz.
De
estas 400, 57 empresas recibieron 3 mil 617 millones de pesos durante todo el
sexenio de Javier Duarte, dinero que en realidad debió destinarse a niños,
ancianos y damnificados. De ese gran total, 643 millones de pesos fueron a
parar a 19 de esas empresas antes de la elección presidencial de 2012.
La marca Gachuz
ASISMEX,
la empresa que le entregó el dinero al PRI, fue creada en Veracruz 4 días antes
del inicio del gobierno de Duarte en diciembre de 2010. Y según el INE, esa
empresa registró movimientos por al menos 1,393 millones de pesos durante el
proceso electoral de 2012.
El
INE, sin embargo, no ha podido explicar de dónde provienen el total de esos
recursos. Solo ha dicho que la trama incluye a 11 compañías y tres personas
físicas que, a su vez, realizaron operaciones con ASISMEX. Alegando secreto
bancario, y dado que solicitó tanto a la Procuraduría General de la República
(PGR) como al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que se investigue el
caso, el organismo electoral no dio a conocer a la opinión pública los
documentos que prueban cómo se hicieron estas transacciones.
El
INE identificó que ASISMEX también gastó otros 3 millones de pesos en esos
comicios, que sirvieron para pagar a representantes del PAN, PRD, PT, MC y
Nueva Alianza, aunque en este caso, sospechan los auditores del INE, fue para
que el día de las elecciones no acudieran a las casillas que les correspondían.
Aun así impusieron multas por 6 millones a los partidos.
El
INE, la PGR y el SAT declinaron la solicitud de entrevista que se les formuló
para abundar sobre este reportaje.
La
investigación de AP y MCCI establece que ASISMEX y las compañías y personas
señaladas por el INE están en el corazón de la red Gachuz, que recibió 643
millones de pesos del gobierno de Duarte en el año electoral de 2012.
Para
que el millonario desvío tuviera éxito, Javier Duarte contó con la complicidad
del actual diputado federal del PRI, Antonio Tarek Abdalá, quien ocupó dos
diferentes cargos en su administración.
Como
director de administración del DIF de Veracruz (2010-2012), Tarek autorizó los
primeros pagos a la red Gachuz de empresas fantasma en 2011.
Por
estos pagos iniciales un juez del estado de Veracruz giró, el pasado 25 de
mayo, una orden de aprehensión en contra de Karime Macías, expresidenta del DIF
Estatal y esposa de Javier Duarte. Aunque el cargo de Macías era honorario, la
Fiscalía de Veracruz sostiene que ella coordinó con Tarek los pagos a las
empresas de la red Gachuz.
En
febrero de 2012, cuatro meses antes de la elección federal, Tarek Abdalá dejó
el DIF para convertirse en tesorero de la Secretaría de Finanzas estatal y con
ello los pagos a las empresas fantasma se multiplicaron.
Una
serie de estos pagos se hicieron en semanas previas a la elección y sin
contratos de por medio.
La
documentación en poder de este equipo de investigación revela que Tarek, como
cabeza financiera del DIF, firmó 23 de 36 contratos otorgados a la red, pero ya
como encargado de las finanzas a nivel estatal les entregó pagos anticipados
antes y después de las elecciones de 2012.
Hace
un año, la fiscalía de Veracruz solicitó el desafuero del diputado Abdalá, pero
este proceso fue detenido gracias al voto de la fracción parlamentaria del PRI.
Abdalá
no actuó solo. En todas las licitaciones del DIF era el mismo grupo de
funcionarios quienes autorizaban los contratos: Joaquín Roque Flores Castro,
encargado de la Subdirección de Recursos Materiales; Dante Omar Sánchez
Alatorre, representante de la Dirección de Asuntos Jurídicos; Víctor Manuel
Carrizo Yoval, jefe del Departamento de Adquisiciones y Alejandro Pérez Jacome.
Una
vez que Tarek pasó a la tesorería estatal, el DIF siguió otorgando más
contratos a las empresas de la red Gachuz, pero ahora con Astrid Elias Mansur
como directora de administración.
Simulaban competencia
En
un gran número de contratos otorgados por el DIF a las empresas de la red
simulaban competencia entre sí, como ocurrió con varias licitaciones donde
fueron adquiridos juguetes y regalos que supuestamente serían otorgados a niños
y madres veracruzanas de escasos recursos.
También
simularon la adquisición de 2 mil 634 sillas de ruedas por 5.8 millones de
pesos, que serían destinadas a personas de la tercera edad. En esta licitación
participaron tres empresas que integraban la red.
La
investigación que por su cuenta hizo la Fiscalía de Veracruz y que derivó en la
orden de aprehensión en contra de Karime Macías, hace referencia a pagos a seis
empresas de la misma red: Prefraco; Abastecedora Romcru; Centro de Recursos de
Negocios CERENE; Ravsan Servicios Múltiples; Grupo Balcano y ANZARA.
Los
fiscales señalan que los contratos entregados a dichas empresas por parte del
DIF de Veracruz ascienden a 112 millones de pesos aunque, en este reportaje, se
revela que el monto que recibieran estas empresas y otras de la misma red a lo
largo del gobierno de Duarte es cuatro veces superior.
En
todos estos casos eran las mismas compañías compitiendo entre sí para ganar las
licitaciones.
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| Diseño de información: Yosune Chamizo Alberro y Omar Bobadilla |
La
simulación y entrega directa de contratos o licitaciones, previo a las
elecciones de 2012, no sólo se replicó en el DIF. También se hizo en las
secretarías de Desarrollo Social, Educación, Finanzas y Protección Civil.
Finanzas,
por ejemplo, ya con Tarek como Tesorero, realizó pagos por 323.9 millones de
pesos, entre abril y junio de 2012, a 6 empresas fantasma de la red Gachuz.
Casi la mitad del recurso fue entregado semanas antes del 1 de julio de 2012.
¿De quién es ASISMEX?
De
acuerdo con su acta constitutiva, ASISMEX tiene dos dueños. Uno es Juan Carlos
Reyes León, quien se presenta también como propietario o representante legal de
otras siete empresas de la misma red de empresas fantasma.
